Las candidaturas de España Vaciada en Castilla y León denuncian que la reestructuración del servicio financiero en España, que ha generado el cierre de entidades y la consecuente pérdida de asistencia financiera, “está afectando de manera más grave a las poblaciones del entorno rural”. Aluden a los datos del último informe publicado por el Banco de España al respecto para destacar que “en 4405 pueblos no existe ninguna entidad bancaria al finalizar el año 2020, con Castilla y León como la comunidad más afectada por la pérdida de servicios, puesto que nueve de sus provincias se encuentran entre las diez con mayor número de municipios sin oficinas bancarias”.
En función de estos datos, España Vaciada denuncia lo que consideran que es “un nuevo agravio para los territorios que sufren la problemática de la despoblación de manera más acuciante, que una vez más sufren una pérdida de servicios que perjudica las condiciones de vida dignas que demandan desde todos los rincones del estado”.
Gran parte del territorio en riesgo de exclusión
Solicitan que los habitantes de los territorios de la España vaciada sean considerados “usuarios vulnerables para la banca, por encontrarse en riesgo de exclusión”. Argumentan que “en muchas ocasiones deben desplazarse a otra localidad, a varios kilómetros de su hogar, para acceder a una oficina bancaria o a un cajero automático, porque no tienen la posibilidad de realizar ni siquiera las operaciones más básicas en su municipio”. Además, trasladan que el porcentaje de personas de edad elevada en estas provincias es alto, “con las dificultades que supone para este sector superar la brecha digital para acceder a la banca on line o realizar trámites elementales mediante las nuevas tecnologías, y con el condicionante, en numerosas ocasiones, de depender de familiares o vecinos para realizar los trámites esenciales o para que les acerquen al servicio”. En esta línea, inciden en que “en estos territorios el acceso a internet está limitado, porque sufrimos dificultades de conectividad que están agravando una brecha digital territorial”. Aseguran que esta situación “no sólo afecta a los derechos individuales de las personas físicas, sino que también está generando un lastre más para el tejido de pymes, comercios y autónomos”. Por todo ello, exigen que la actividad financiera sea considerada un servicio básico, garantizado por el Estado para toda la población, independientemente del lugar donde se viva, porque “ser pocos, no debe restar derechos”.
También recuerdan que la Comisión Europea ha alertado de la necesidad de la “especial protección de los usuarios bancarios vulnerables, por parte de entidades y gobiernos”. Denuncian que “la banca ha dejado a un gran número de personas vulnerables, dependientes y mayores abandonadas, presuponiéndoles unas destrezas digitales que no tienen, porque nadie se ha ocupado de su alfabetización, y suprimiendo el servicio por el que personal de la entidad se desplazaba a los pueblos en días concretos algunos días de la semana”.
Es necesario implementar medidas sin mayor dilación
Desde España Vaciada plantean diversas propuestas en la búsqueda de soluciones para esta problemática, como fomentar la implantación de servicios de banca itinerantes, la instalación de cajeros multientidad en los municipios para realizar las principales transacciones, que deberá ir acompañada de un programa de formación para la alfabetización de personas en riesgo de exclusión acerca del uso de estos cajeros y de la propia banca electrónica, para hacer frente a la brecha digital a la que se enfrentan. Algunas de estas medidas han sido trasladadas por la Agrupación de electores Teruel Existe en varias ocasiones en el Senado.
Afirman que “la pérdida de servicios bancarios va en aumento cada día en la España vaciada, limitando la calidad de vida de unos habitantes que se sienten aislados y abandonados, incidiendo negativamente en el objetivo de la vertebración territorial”.
